Esta iniciativa, incardinada entre las medidas para la implantación en nuestro ordenamiento jurídico sustantivo y procesal de un “Derecho Penal de la Seguridad”, viene a sumarse a la novísima regulación de los llamados “Juicios Rápidos” (Ley 38/2002 y L.O. 8/2002, ambas de 24 de octubre), así como a la Reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (L.O. 7/2003, de 30 de junio) y a la muy reciente Ley Orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros (L.O. 11/2003, de 29 de septiembre)

Concretamente, con las modificaciones de la prisión preventiva promovidas desde el Gobierno, y que surgen como un objetivo “acuciante” (vid. la Exposición de Motivos de la Ley) dentro del Pacto para la Reforma de la Justicia suscrito por todos los grupos políticos, se pretende convertir a dicho instituto en un instrumento eficaz en el marco de la lucha contra la delincuencia. Conviene destacar, que ha sido ésta la institución procesal-penal que mayor polémica ha suscitado en nuestro pasado más reciente, no en vano, en los últimos 25 años, ha sufrido cuatro reformas sucesivas (años 1980, 1983, 1984 y 1995). Las dificultades ligadas a su régimen legal derivan de la necesidad de lograr mediante su regulación el necesario equilibro, el statu quo, entre la seguridad ciudadana a que está orientada como fin último (más allá del aseguramiento del proceso penal y de la pena) y las garantías del inculpado, conexas con el derecho a la presunción de inocencia y que resultan sacrificadas en aras de la consecución de dicho fin.

Como ya hemos apuntado antes, y en palabras de los propios autores de la Iniciativa, la reforma se estructura sobre TRES EJES:

El contenido concreto de las reformas operadas por la L.O. 13/2003 se refiere, básicamente, a los siguientes ASPECTOS de la institución procesal:

Otras reformas contenidas en la Ley que venimos analizando se refieren a la libertad condicional y a la videoconferencia.