Gran parte de la imaginación que el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, atribuyó ayer a su número dos, Miguel Angel Fernández Ordóñez, en el diseño de la reforma fiscal se ha volcado en los planes de pensiones. Esta figura, destinada a fomentar el ahorro para la jubilación, sufrirá algunos cambios en el nuevo IRPF, aunque finalmente serán más leves de lo que se anunció.

Los contribuyentes podrán aportar al plan un máximo de 8.000 euros anuales con carácter general. Esa cantidad se descuenta directamente de la base (es decir, no se pagan impuestos por ella). El Gobierno había optado inicialmente por mantener ese límite para todos los contribuyentes, frente al modelo actual, que amplia el tope a partir de los 52 años y en función de las circunstancias familiares, con un límite de 24.250 euros.

Con la reforma aprobada ayer, los mayores de 50 años podrán aportar al fondo hasta 10.000 euros. Al estar este colectivo más cercano a la jubilación, se entiende que necesita mayores dotaciones. En todo caso, las aportaciones no podrán superar el 30% de las rentas de los contribuyentes en general (el 50% en los mayores de 50 años).

Los jubilados con rentas activas (por ejemplo, alguien retirado que escribe libros y cobra por ello) podrán seguir realizando aportaciones al plan hasta que empiecen a cobrar la prestación.

El otro cambio fundamental en los planes de pensiones afecta a la forma de cobro. Se mantiene la idea de que sólo pueden percibirse en el momento de la jubilación, pero el contribuyente podrá elegir si recibe la renta de golpe o de forma periódica. Si opta por la primera modalidad (la preferida hasta ahora por los contribuyentes), el beneficiario deberá tener en cuenta que se elimina el principal atractivo con que cuentan hasta ahora las rentas percibidas como capital: una exención de impuestos para el 40% de esas rentas.

El Gobierno propuso inicialmente prohibir el cobro de golpe, al quitar la deducción fiscal, pero ha dado marcha atrás por la multitud de quejas recibidas a este respecto.
Los productos ligados la la dependencia tendrán el mismo beneficio fiscal que los planes de pensiones.